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Desde el 2 de agosto de 2026, todo Ayuntamiento que utilice sistemas de IA debe cumplir el Reglamento (UE) 2024/1689: inventario y clasificación de sistemas por nivel de riesgo, evaluación de conformidad para alto riesgo, supervisión humana efectiva, evaluación de impacto en derechos fundamentales (art. 27), registro en la base de datos de la UE, y alfabetización en IA del personal (art. 4, obligatorio desde febrero 2025). La AESIA supervisa el cumplimiento con multas de hasta 15 millones de euros.

Las Diputaciones tienen una doble función: como entidad que debe cumplir el AI Act por sus propios sistemas de IA, y como canal multiplicador que asiste a los municipios de la provincia (art. 36.1.b LRBRL). Pueden contratar centralizadamente servicios de compliance de IA y desplegarlos en todos sus municipios, reduciendo costes y asegurando homogeneidad.

Sí. Una Comunidad Autónoma tiene múltiples Consejerías con IA en áreas de alto impacto (salud, educación, empleo), un sector público instrumental con decenas de entidades, competencias regulatorias propias y la responsabilidad de crear el sandbox regulatorio. El protocolo autonómico requiere gobernanza transversal, comisionados de IA, desarrollo reglamentario propio y EIPD sectoriales especializadas.

El AI Act obliga a cada Estado miembro a crear al menos un entorno controlado de pruebas para testar sistemas de IA bajo supervisión regulatoria. En España, la AESIA gestiona el sandbox. Las administraciones y empresas pueden solicitar participar para probar sistemas de IA innovadores con garantías jurídicas. LexQuark asesora en la preparación de solicitudes y el cumplimiento durante la fase de pruebas.

Sí. El Digital Europe Programme, Horizon Europe y los fondos de cohesión incluyen líneas para IA y transformación digital del sector público. Los Ayuntamientos pueden acceder a través de Diputaciones o CCAA. Las Comunidades Autónomas acceden directamente a convocatorias europeas. LexQuark asesora en la parte jurídica de las solicitudes y en el compliance de los proyectos financiados.

Sí. Cuando una empresa municipal tiene pérdidas que reducen el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital (art. 363.1.e LSC), los administradores deben actuar en dos meses. Si no lo hacen, responden personal y solidariamente de las deudas posteriores (art. 367 LSC). La moratoria COVID (RDL 9/2024) expira en 2026, activando causas de disolución en cientos de empresas públicas.